La torpeza comunicacional quizá no sea torpeza

June 14, 2011 - 9:54 pm No Comments

Por Marco Lara Klahr*
 
Cuando el presidente de México Felipe Calderón comenzó a hablar de «guerra» para definir su política de Estado contra organizaciones criminales que comercian con drogas, tal vez lo hizo movido por sus asesores comunicacionales. Pero quizás esos cínicos asesores, a su vez, se limitaron a definirle una retórica belicista como eje comunicacional porque percibieron en él rasgos autoritarios. Le diseñaron el vestuario que le va, sin pensar quizá demasiado en los ciudadanos.

 Otra posibilidad es que él, en sus arrebatos autoritarios, comenzó a hablar de «guerra» y sus cínicos asesores, sin importarles el uso ligero del término ni sus previsibles consecuencias sociales, sólo encausaron mediáticamente tal cliché, que fue en general «comprado» por los medios noticiosos, convencidos estos de que, en efecto, el espacio público se divide entre «pacíficos» y «violentos».
 
En cualquiera de ambos escenarios, lo que a los ojos de muchas personas parece torpeza en la forma de comunicar del gobierno calderonista, en realidad suele reflejar no sólo la ideología del emisor, sino el alejamiento que puede experimentar un burócrata respecto del interés común y, en general, de la vida de las personas, y por eso sus aparentes lapsus tal vez son, paradójicamente, episodios de transparencia.

Es probable que esto explique por qué, por ejemplo, en un acto protocolario en Unicef (abril 28, 2011), Ernesto Cordero, el secretario de Hacienda, dijo públicamente que el gobierno de Felipe Calderón logró romper el círculo de pobreza.

II

O el siguiente caso, dramático porque clarifica una vez más la discrecionalidad con la que es operado el sistema de justicia penal en México, con lo que eso implica para los derechos ciudadanos y la legalidad.
 
Cuatro días después de que el Ejército mexicano detuvo al político priista y empresario Jorge Hank Rhon, en Tijuana (junio 4, 2011), por supuesto acopio de armas, la procuradora general de la República, Marisela Morales, dio una exhibición de por qué el arraigo es una medida cautelar arbitraria que debe ser extirpada del marco normativo —a contracorriente con el sistema internacional de derechos humanos- en la reforma penal de 2008 los legisladores lo incorporaron al Artículo 16 constitucional.
 
En una conferencia de prensa para actualizar a los medios noticiosos sobre el caso de Hank Rhon (junio 8, 2011), la procuradora dijo que «para evitar cualquier tipo de especulaciones como las que se han estado manejando, de que es un asunto político, lo que se va hacer es resolver dentro de ese término constitucional […] porque no es sano para las instituciones ni para el propio país, que se manejen ese tipo de versiones [de] que es un asunto político y el arraigo lo único que haría es aumentar esas especulaciones, y eso no va a ocurrir».
 
Esto podría también ser percibido como un acto de torpeza comunicacional, pero tal vez sea algo peor; voluntaria o involuntariamente, esa servidora pública no tiene problema en reconocer ante los ciudadanos que puede decidir con criterios políticos y no jurídicos el que una persona sea «arraigada»; que se cuidará de arraigar a alguien si eso puede atraerle un costo político o, por el contrario, lo arraigará si eso le provee una ventaja.

Y como los medios mandan a sus reporteros a las ruedas de prensa donde la Procuraduría General de la República anuncia la detención y arraigo de personas imputadas de delito como eficaz acción de combate contra el crimen, y luego con esa información —sin verificar— producen noticias —de una sola fuente— muy vistosas, el uso político del arraigo se potencia.

III

No es desproporcionado citar ahora un caso local para ilustrar esa lógica comunicacional. El sábado anterior, al mediodía, como parte de la Jornada La rabia, el amor y la lucha contra el silencio —que exige esclarecer judicialmente el asesinato de Luis Eduardo Cisneros Zárate—, en la explanada de la Subprocuraduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México se congregaron activistas, comunicadores, familiares y amigos de Luis Eduardo, para entregar una carta exigiendo se reabra el caso.
 
En vez del subprocurador apareció un «licenciado Valencia», quien escuchó la petición, atendió en su oficina a los padres y recibió la carta, pidiendo el micrófono para despedirse diciendo que, bueno, lo que le pasó a Luis Eduardo (asaltado y robado por policías municipales de Chalco en diciembre de 2008, y asesinado pocos días después, muy probablemente por esos mismos policías o sus cómplices), podía pasarle a cualquiera, que todos estamos expuestos a eso, incluyéndose.
 
Algunos le preguntaron qué carajos estaba tratando de decir. Intimidado, respondió que todos estamos expuestos a morir violentamente, y que también muchos policías o servidores públicos mueren así.
¿Era torpeza? No. El hombre estaba dejándonos mirar en el fondo de su espíritu: quizá convencido de la ineficacia del sistema que representa para proveer justicia, y aun del sinsentido de su propio trabajo, era su forma primitiva de comunicarnos, «¡sálvese quien pueda!».

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* Marco Lara Klahr es periodista en temas de violencia y derechos ciudadanos desde hace 29 años, egresado de la UNAM, se desempeña como reportero de investigación de Efekto TV, director de minimedia otromexico/contenidos para medios, coordinador del Proyecto de Violencia y Medios en Insyde, y consultor de Justice Initiative. Su libro más reciente, en coautoría con Francesc Barata, es Nota(n) roja. La vibrante historia de un género y una nueva manera de informar (Debate, 2009). Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2009 y 2000. Publica con mucho éxito su columna “meDios” en www.insyde.org.mx del Instituto para la Seguridad y Democracia.

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