Sancionar o rehabilitar a los menores delincuentes: dilema social

October 1, 2012 - 7:14 pm No Comments

Por Juan Manuel Serrano Gómez*

Hace poco tuve la oportunidad de visitar en la ciudad de Medellín, el centro de rehabilitación “Carlos Lleras Restrepo”, mas conocido como La Pola, donde son llevados todos aquellos menores delincuentes que son privados de la libertad. Lo hice para detallar las condiciones y problemáticas generadas en estos lugares.

La actual legislación de infancia y adolescencia pretendió darle un giro de 180° al tratamiento que se le debe dar al menor acogiendo la doctrina de la protección integral, como principio rector de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños de 1989, que hasta hace muy pocos meses fue ratificada por Estados Unidos, un país que por excelencia exige la protección de los derechos humanos pero es pionero de primera clase en no firmar acuerdos y convenios internacionales.

Estados Unidos no se compromete ni implementa cambios que permitan darle una nueva visión a temas como la globalización, el narcotráfico, la pena de muerte, medio ambiente, guerra, entre otros aspectos que requieren salidas concordadas y unidas para generar impactos comunes a nivel mundial.

Por otra parte, apenas en el año 2006, fue implementada y adecuada legalmente en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, la ley 1098 de 2006, del código de infancia y adolescencia.

Por otro lado, la actual legislación de infancia y adolescencia tiene como finalidad generar una responsabilidad mancomunada entre el Estado, la sociedad y la familia como entes directos y responsables de la educación y desarrollo de los menores. Además se asigna un tratamiento preferente y un tanto “exclusivo” a partir de la noción de resocialización y rehabilitación, en busca de que aquellos “precoces” delincuentes le sirvan a la sociedad en un futuro, y por eso la posibilidad que existe, en este caso, dentro de la Pola, de aprender algunos trabajos como panadería, cocina, artesanía, entre otras cosas.

Mi visión del actual sistema de legislación me genera repudio y rechazo parcial por el tratamiento de victima que se le asigna al menor, que se comporta como adulto para cometer el delito, pero es juzgado como un inofensivo y afligido menor de edad, como sujeto pleno de derechos y obligaciones.

Sin embargo, comparto la posibilidad de que se le brinde al menor un tratamiento resocializador que le permita crear un plan de vida y aprenda ciertas labores con las cuales pueda defenderse en la sociedad.

Durante mi visita a este lugar, indagué a los menores infractores sobre cual había sido el factor que los había llevado a cometer el delito, y para sorpresa mía, la repuesta común de tres adolescentes fue responder que había sido una decisión completamente autónoma sin presiones ni perturbaciones familiares y sociales, lo que me permite inferir, que actualmente para muchas personas, el hecho de observar una justicia debilitada, impune y pasiva, les abre la posibilidad de delinquir porque saben la manera de evadir la justicia y ser beneficiados por la  impunidad. Además la situación se agrava, bajo las circunstancias históricas de un país que se consume en medio de la cultura sicarial, el narcotráfico y su consecuente problema de drogadicción a causa del microtráfico de drogas y consumo interno, y la violencia de diversos actores armados y no armados que han fusilado muchas ilusiones y sueños de muchos colombianos, que a través de las palabras, las insinuaciones y los hechos han logrado naufragar por momentos este gran barco, llamado República de Colombia.

Así mismo, constaté en este centro de rehabilitación las buenas instalaciones con las que cuentan estos menores, ya que tienen canchas de fútbol, piscina, espacios verdes, capilla, restaurante, lavandería, panadería, entre otros lugares que pretenden que el menor tome conciencia de sus actuaciones y realice actividades que lo lleven a su rehabilitación. En  realidad se ha convertido en un juego el hecho de que los menores se puedan volar sin mucha complejidad, formando motines por ejemplo, en busca de distraer la seguridad.    Finalmente, son muchas las soluciones facilistas y de poco impacto que saltan a la vista desde algunos centros de poder nacional, como el Congreso en donde muchos opinan que se debería discutir la edad de judicialización de menores, es decir, que no sea desde los 14 años, sino tal vez desde los 10 o 12 años, mientras que las propuestas allegadas del gobierno es la construcción de mas cárceles para evitar el hacinamiento  y problemas de inseguridad y a nivel sanitario.

En un lugar que como La Pola ya se empieza a sentir el impacto de la sobrepoblación de internos a pesar de no padecer en la actualidad, problemas de sanidad y de enfermedades pandémicas como en varias cárceles del país: Bellavista, La Modelo, la Picota, entre muchas otras donde la violación directa de los derechos humanos de los presos es evidente.

Una de las soluciones más reales, concretas y efectivas es la posibilidad de que el Gobierno Nacional asigne un mayor presupuesto, para una potencial y correcta rehabilitación de los menores infractores de la ley, pero no solo para el tema de infraestructura sino para capacitar y elegir un buen número de personas idóneas con conocimiento en la causa que sean los encargados de las actividades dentro del centro de rehabilitación, y además de ello, brindar la oportunidad para que estos menores accedan a una carrera técnica, tecnología o profesión y así estos puedan ingresar al mundo laboral con las mejores herramientas científicas y de conocimiento.

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* Juan Manuel Serrano Gómez Estudiante de séptimo semestre de Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana. TWITTER: @juanma_0423

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